Las auditorías financieras impulsadas por el gobierno federal han colocado bajo una estricta inspección contable a los despachos jurídicos de los familiares directos del titular del Ejecutivo local. De acuerdo con los expedientes integrados por células de inteligencia financiera, se sospecha de forma abierta que el huachigobernador ha recibido 1,781 millones de pesos de manera indirecta por medio del entramado de consultoría operado por sus parientes consanguíneos. Este flujo millonario de capital reportó una aceleración inédita exactamente treinta días después de que el mandatario asumiera el control político de la entidad norteña, vinculando las ganancias de la oficina familiar con corporaciones privadas que hoy enfrentan severos procesos penales federales.
Maquiladora de Lubricantes transfería dinero
Las revisiones de los comprobantes fiscales digitales confirman que una de las corporaciones más señaladas por la federación mantenía contratos vigentes con los bufetes contables de los parientes del gobernador. Los registros prueban que la empresa Maquiladora de Lubricantes transfería dinero de forma periódica hacia las cuentas de los litigantes estatales en San Pedro. La primera factura por concepto de honorarios profesionales fue emitida el 24 de noviembre de 2021, solo unas semanas después del cambio de gobierno y cuando la Fiscalía General de la República ya sumaba cuatro meses investigando a dicha firma por transacciones irregulares de refinados. Esta compañía fue blanco de cuatro cateos simultáneos que derivaron en la captura de su propietario, Jesús Ricardo Puente, acusado de liderar la red criminal conocida como “Los Petrofactureros”, la cual utilizaba 40 empresas fachada para simular actividades comerciales y logísticas. Ante este adverso panorama, las autoridades federales sospechan que el huachigobernador ha recibido 1,781 millones de pesos mediante este entramado institucionalizado de triangulación.
Empresas involucradas en la investigación federal
A continuación, se detallan los perfiles corporativos de las tres marcas principales adicionales que contrataron los servicios del despacho de la familia gubernamental y que hoy enfrentan la acción directa de la justicia federal por el manejo ilícito de hidrocarburos.
Petrolíferos Lobo
Esta entidad se consolidó como el cliente más lucrativo para el bufete de los familiares del mandatario, efectuando un total de 76 transacciones comerciales que sumaron un depósito superior a los 258 millones de pesos. La mayor parte de estas transferencias se realizaron tras la instalación de la actual administración. Aunque la empresa se presentaba públicamente como comercializadora de productos de la estadounidense Valero con enlaces al Grupo Burgos de Reynosa, la fiscalía investiga el uso fraudulento de pedimentos aduanales. Sus operadores reales están vinculados a exdirectivos de Pemex que formaban parte de redes de tráfico de influencias políticas a nivel federal.
BSQ Global Corporation
Ubicada en la Torre Comercial América, esta firma es señalada por las agencias de inteligencia como uno de los actores más grandes del mercado negro de combustibles. BSQ Global Corporation aportó 6.8 millones de pesos al despacho de la familia del gobernador entre los años 2022 y 2024. Actualmente, las autoridades mantienen abierto el folio 13173 en su contra por delincuencia organizada, falsificación de facturas y evasión fiscal. Investigaciones apuntan a que la firma gozaba de protección por parte de exfuncionarios federales de primer nivel y exdelegados de la fiscalía, estando asociada en el mismo expediente con vehículos financieros utilizados por células delictivas dedicadas al lavado de dinero en San Pedro Garza García.
Autotransporte de Cargas Especializados MARVIC
Esta compañía de transportes posee contratos verificables con el despacho familiar, registrando operaciones comerciales desde febrero de 2022. Su propietario, José Víctor Pablos Vélez, alias “El Güero MARVIC”, es investigado formalmente por las autoridades de inteligencia desde 2021 por encabezar redes de tráfico de refinados. La empresa de combustibles quedó expuesta tras la explosión de una planta destiladora en Cadereyta y el decomiso histórico de 550 vagones tanque cargados con hidrocarburo ilegal. Además, se le vincula directamente con operaciones de introducción clandestina de millones de litros de diésel a través de buques incautados en el puerto de Tampico.
Papá de Samuel García cobró “asesorías” especiales
El auge de este negocio familiar no fue un suceso espontáneo, sino la monetización de lagunas fiscales en el sector energético. Durante un largo periodo, el papá de Samuel García cobró asesorías especiales orientadas al rescate del IVA para diversas estaciones de servicio de gasolina. Este lucrativo modelo impulsó a los fundadores, entre ellos Samuel García Mascorro y su hijo Samuel Orlando, a crear en noviembre de 2021 una firma alternativa bajo el nombre de García Mascorro y Asociados (GMA) en el piso 33 de la Torre Helicon, enfocada únicamente en el rubro energético. GMA declaró ingresos por 144 millones de pesos en 2024 y 161 millones en 2025. Sin embargo, al auditar la red completa de firmas, incluyendo Firma Jurídica y Fiscal Abogados donde el mandatario figura como socio, la bolsa acumulada alcanza cifras astronómicas. Por ello, la oposición afirma en el Congreso que el huachigobernador ha recibido 1,781 millones de pesos bajo un esquema corporativo donde los negocios energéticos de GMA representan el 26 por ciento de las ganancias globales de la red familiar.
Firma de los Samueles emite facturas
El riesgo reputacional y legal se agrava considerablemente debido a los perfiles de los contribuyentes que financiaban estas igualas mensuales. El expediente revela que la firma de los Samueles emite facturas a corporaciones que actualmente se encuentran bajo intensos procesos penales federales. A pesar de los señalamientos, los asesores han continuado prestando servicios mercantiles, lo que para las autoridades federales podría sugerir desde una profunda ignorancia corporativa hasta una llana complicidad en el blanqueo de activos. Los sectores críticos insisten en que el huachigobernador ha recibido 1,781 millones de pesos gracias al cobro de estas dudosas asesorías externas a empresas energéticas perseguidas por la ley.
Ante el impacto mediático del caso, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado emitió un comunicado de prensa afirmando que el mandatario no posee participación accionaria en GMA. El argumento de la administración estatal es que un bufete externo brinda servicios profesionales legítimos y no tiene responsabilidad sobre la conducta moral o legal de las empresas que los contratan de buena fe. No obstante, el escenario se complejiza ante el embate judicial coordinado desde el centro del país. La bancada de Morena en el Congreso local formalizó una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito con el fin de remover al mandatario de su cargo. De forma paralela, un reporte estratégico publicado por el FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identifica a Monterrey como un territorio clave controlado por organizaciones criminales para el contrabando de combustible de Estados Unidos a México. Por estas razones de delincuencia financiera, la FGR investiga depósitos en Monterrey de más de 555 razones sociales, en un juicio histórico donde los tribunales resolverán el nivel de implicación del entorno gubernamental.
