Las desapariciones en Nuevo León se incrementaron drásticamente durante el desarrollo de la justa mundialista. Las familias enfrentan un panorama desolador mientras el gobernador Samuel García decretó un polémico periodo festivo. Diversas organizaciones ciudadanas denuncian la alarmante falta de empatía institucional y exigen acciones contundentes para frenar esta ola delictiva.

Alarmante registro de desapariciones en Nuevo León
La entidad atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en la historia reciente. Durante el último mes, el recuento oficial arroja un saldo de 67 personas desaparecidas en diversos municipios del estado. Esta cifra demuestra que las estrategias de prevención estatal fallaron por completo en su objetivo primordial.
El fenómeno delictivo afecta de forma directa a los sectores más vulnerables de la población. Del total de reportes acumulados en estas semanas, 15 casos corresponden a menores de edad. Las Fiscalías locales emitieron fichas de búsqueda urgentes, pero los esfuerzos resultaron insuficientes ante la magnitud del problema.
El repunte de delitos coincide con un llamado gubernamental a ignorar los problemas locales. El gobernador Samuel García pidió a su gabinete entrar en un periodo de relajación y modo party por el torneo de fútbol. Mientras tanto, la delincuencia organizada continuó operando de forma impune en las calles del área metropolitana.
Elevado promedio diario de desapariciones en Nuevo León
El avance de la delincuencia se mantiene constante ante la pasividad de los cuerpos policiacos estatales. Las estadísticas reflejan un promedio diario de dos reportes formales de extravío en territorio regiomontano. Un ejemplo claro ocurrió cuando las autoridades ministeriales registraron la ausencia de cuatro adolescentes en un solo día.
Dos de estos jóvenes aparecieron horas más tarde en la colonia Eugenio Canavati, en Santa Catarina. Sin embargo, la mayoría de los expedientes permanecen abiertos y sin avances significativos en sus investigaciones. El personal ministerial acusa una severa falta de recursos para cubrir la alta demanda de operativos de rastreo.
La inacción de la administración estatal agrava el sufrimiento de las familias neoleonesas. El mandatario estatal optó por asistir a conciertos y partidos en lugar de coordinar mesas de seguridad de emergencia. Por ello, los colectivos ciudadanos califican este comportamiento como un abandono total de las funciones constitucionales que le corresponden.
El grave descontento por el enfoque festivo
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU incluyó formalmente a la entidad en la cartografía nacional de esta crisis. A pesar de esta alerta internacional, las dependencias locales prefirieron sumarse a las actividades lúdicas del Fan Fest. Los funcionarios públicos descuidaron sus labores operativas para atender las dinámicas turísticas en el Parque Fundidora.
Las familias de las víctimas criticaron con dureza a la Comisión Local de Búsqueda de Personas. Los activistas señalaron que la titular del organismo enfoca sus esfuerzos en tareas meramente partidistas e institucionales. El dolor de los familiares pasó a un segundo plano para el aparato gubernamental de Nuevo León.
La opacidad oficial busca ocultar la violencia mediante el uso de propaganda electoral de color naranja. Los colectivos denunciaron que las autoridades taparon las fichas de búsqueda para no afectar la imagen del estado ante el turismo internacional. La prioridad del Ejecutivo se centró en la estética urbana y no en salvar vidas.

Sigue la búsqueda de un joven en Apodaca
Los casos individuales reflejan la desesperación que se vive diariamente en las colonias periféricas. Mauricio Alejandro Licón Vázquez desapareció a finales de junio en el sector de Jardines de San Patricio. Sus familiares iniciaron rastreos independientes ante la tardía respuesta de los agentes encargados del caso.
Días después, los elementos de seguridad localizaron el vehículo del joven abandonado en una brecha industrial. En el sitio del hallazgo las autoridades encontraron prendas personales que pertenecían a la víctima. Este expediente se suma a las decenas de investigaciones estancadas que empañan la gestión del actual gobierno.
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