El dinero destinado a salvar vidas terminó en firmas sancionadas y despachos privados. La Auditoría Superior del Estado detectó que parte de los fondos para medicamentos para el cáncer siguió una ruta de triangulación financiera en el gobierno de Samuel. Esta investigación por dinero de medicamentos para el cáncer en Monterrey expone un presunto desvío en Nuevo León que involucra a Samuel García.
El rastro financiero de los medicamentos para el cáncer
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2025 presentado por el auditor Alejandro Reynoso ante los diputados locales, se revisaron pagos por 420.6 millones de pesos a la empresa Medicazel. Dichos contratos correspondieron a compras realizadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Isssteleón.
Según los hallazgos técnicos expuestos en el Congreso, por cada 100 pesos ejercidos en estos insumos oncológicos, 17.60 pesos terminaron desviados. El monto transferido hacia el despacho jurídico y empresas relacionadas con el familiar de un alto funcionario alcanzó los 74.1 millones de pesos.
La autoridad fiscalizadora advirtió además que los fármacos se adquirieron con evidentes sobrecostos respecto al valor del mercado. Tampoco se encontró documentación oficial suficiente para comprobar que los productos médicos hayan sido entregados físicamente a las instituciones de salud.
Pagos de 537.4 millones a firma vetada en el gobierno de Samuel
Paralelamente a la investigación por dinero de medicamentos para el cáncer en Monterrey, la auditoría exhibió operaciones irregulares en la zona fronteriza. La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León facturó 537.4 millones de pesos a una empresa sancionada internacionalmente.
Según el reporte oficial, los contratos originales de esa constructora sumaban únicamente 120 millones de pesos. Entre julio de 2022 y octubre de 2026 se emitieron 47 facturas que multiplicaron por 4.4 veces el monto inicialmente autorizado para los trabajos.
Estos movimientos forman parte de un esquema más amplio de triangulaciones financieras detectadas dentro del gobierno de Samuel. Los sectores del Congreso recibieron los expedientes que detallan cómo los recursos públicos fluyeron hacia compañías con antecedentes irregulares en el extranjero.

El vínculo de Samuel García con el despacho receptor
El informe del auditor Alejandro Reynoso documentó 786 depósitos realizados por proveedores gubernamentales hacia una firma jurídica y fiscal. Las transferencias globales sumaron 1,696 millones de pesos, además de generar 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros.
Aunque en la comparecencia no se pronunciaron nombres propios, los señalamientos apuntan al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Dicha sociedad pertenece a Samuel García y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, según las investigaciones periodísticas y auditorías previas.
El patrón de triangulación coincide con los reportes presentados en octubre por la Auditoría Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados. En aquella ocasión, el organismo federal identificó el envío de 728.13 millones de pesos hacia el mismo bufete familiar.
Empresas fantasma amplían el desvío en Nuevo León
La revisión contable también identificó operaciones millonarias con razones sociales incluidas en el listado del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Estas compañías se presumen inexistentes ante las autoridades hacendarias por carecer de activos o infraestructura real.
El monto total vinculado a estas firmas fachada ascendió a 3,366.1 millones de pesos dentro de la Cuenta Pública 2025. Este hallazgo agrava el panorama sobre el presunto desvío en Nuevo León documentado por los especialistas del órgano fiscalizador local.
Las irregularidades abarcaron también al sistema asistencial estatal, donde proveedores de alimentos transfirieron 23.2 millones de pesos al despacho jurídico en ocho días. En esa dependencia se detectaron compras de chayote a 300 pesos por kilo, frente a un costo real de 18 pesos.

Impacto ciudadano por los medicamentos para el cáncer
La falta de comprobación en la entrega de tratamientos oncológicos golpea directamente a los pacientes que dependen del sistema público. Mientras los expedientes muestran triangulaciones millonarias, las familias enfrentan carencias en la atención médica especializada dentro de la entidad.
Los sectores del Congreso analizan las rutas legales para sancionar a los responsables de este quebranto financiero contra las finanzas estatales. El auditor estatal confirmó que ya giró instrucciones para continuar las indagatorias y coordinarse con las autoridades judiciales competentes.
El caso de los medicamentos para el cáncer se suma a la sanción de 28 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral en 2021 por triangulaciones de campaña. La sociedad regiomontana exige transparencia total y la recuperación de cada peso desviado del presupuesto público.








