Bajo la administración del gobernador Samuel García, el proceso penal por presunto fraude inmobiliario contra Proyectos 9 sumó un nuevo capítulo de sospechas e impunidad en Nuevo León. La cita médica José Lobatón programada de forma imprevista provocó la suspensión de su comparecencia judicial, en un movimiento operado directamente por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal que desató acusaciones de encubrimiento y trato preferencial, dejando en la indefensión a más de 700 familias regias e inversionistas que fueron despojados de su patrimonio y ahorros de vida con obras inconclusas como Torre Lalo o Sohl.
- La oportuna urgencia médica en el Hospital Universitario que coincidió con su proceso penal
- El supuesto diagnóstico del urólogo que usó la seguridad del estado para sacarlo del Cereso de Apodaca
- La suspensión del encuentro clave con el juez debido a la misteriosa ausencia del líder de Proyectos 9
- La confirmación oficial del fiscal general de que el empresario ya fue devuelto al penal
- La multa de 100 mil pesos por usar el pretexto de salud para brincarse el protocolo legal
La oportuna urgencia médica en el Hospital Universitario que coincidió con su proceso penal
José Lobatón Bernard, vinculado a proceso por fraude derivado de desarrollos inmobiliarios inconclusos de la firma Proyectos 9, debía presentarse ante los tribunales para desahogar una audiencia determinante frente a los reclamos de cientos de compradores regios.
Sin embargo, justo en la fecha y hora marcadas para el careo, custodios del Estado coordinaron su traslado de emergencia fuera del centro penitenciario hacia el Hospital regional universitario (HU), argumentando complicaciones físicas repentinas que le permitieron evadir a la justicia de manera oportuna.
El supuesto diagnóstico del urólogo que usó la seguridad del estado para sacarlo del Cereso de Apodaca
El operativo para excarcelar temporalmente al empresario se justificó mediante una supuesta revisión especializada con un urólogo. Las autoridades penitenciarias autorizaron y ejecutaron el egreso de Lobatón de las instalaciones del Cereso de Apodaca, pero omitieron notificar con anticipación al juez de la causa.
La maniobra, ejecutada por el área penitenciaria que depende directamente del gobierno del estado de Nuevo León que encabeza Samuel García, levantó fuertes cuestionamientos sobre los privilegios que gozan ciertos empresarios bajo el cobijo de dependencias estatales, violando los trámites y alertas legales previas que exige cualquier traslado médico.
La suspensión del encuentro clave con el juez debido a la misteriosa ausencia del líder de Proyectos 9
Al momento de abrir la sesión en las salas de audiencias, ni el imputado ni sus custodios se encontraban presentes. El juzgador y la representación legal de las familias afectadas —que suman cientos de denuncias formales ante el Ministerio Público— se enteraron de la ausencia de José Lobatón Bernard únicamente cuando el personal penitenciario reportó que el acusado ya estaba siendo atendido en el hospital.
Ante la imposibilidad física de continuar el desahogo de pruebas sin la presencia del acusado, el juez declaró diferida la comparecencia, frenando una vez más el avance del litigio y la exigencia de justicia para quienes invirtieron montos millonarios en proyectos que quedaron en obra gris o en simple promesa.
La confirmación oficial del fiscal general de que el empresario ya fue devuelto al penal
El Fiscal General del Estado, Javier Flores, confirmó en rueda de prensa la anomalía del procedimiento y detalló que el movimiento no contó con la anuencia judicial obligatoria:
“La información que se nos brindó por el Cereso de Apodaca fue en el sentido de que fue una atención médica que indebidamente no avisaron a la autoridad judicial el movimiento de esa persona… cuando menos correspondía el aviso al juez.”
El fiscal advirtió que la Secretaría de Seguridad estatal incurrió en una falta grave y precisó que, una vez concluida la consulta en el nosocomio, el imputado fue reingresado a su celda dentro del Cereso de Apodaca para continuar bajo prisión preventiva.
La multa de 100 mil pesos por usar el pretexto de salud para brincarse el protocolo legal
La salida irregular no quedó sin consecuencias administrativas. Tras constatarse que el pretexto de salud se ejecutó violando los protocolos obligatorios de notificación y custodia legal, la autoridad determinó una sanción económica de 100 mil pesos en contra de los responsables penitenciarios que avalaron la salida.
El episodio deja en evidencia cómo, en el Nuevo León de Samuel García, las dependencias bajo su mando facilitan salidas por la puerta trasera para que acusados de fraudes millonarios logren esquivar sus citas cruciales ante la ley, mientras cientos de familias regiomontanas siguen esperando que se les devuelva su patrimonio.
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