Durante el primer semestre de 2025, la problemática de despojos en Nuevo León ha mostrado un crecimiento preocupante. De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, se han registrado 699 delitos de despojo entre enero y junio, lo que representa un incremento del 9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se documentaron 641 casos.
El delito de despojo, que incluye tanto la invasión o desposesión de bienes inmuebles como el uso indebido de aguas, se ha mantenido como un fenómeno persistente en la entidad, reflejando un problema que afecta directamente el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas. Si bien no se encuentra entre los delitos con mayor incidencia, el aumento sostenido ha generado inquietud entre especialistas, víctimas y defensores del derecho a la propiedad.
La estadística revela que solo en enero no se superó la barrera de los cien casos mensuales, una señal que evidencia que el repunte no se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia que podría agravarse si no se implementan medidas efectivas para combatirla.
Casi cuatro casos diarios de despojos en Nuevo León
Al revisar los datos mes con mes, se observa que el comportamiento de los despojos en Nuevo León durante este primer semestre ha sido constante y elevado. En enero se presentaron 98 denuncias ante la Fiscalía estatal, en febrero la cifra aumentó a 125, en marzo se documentaron 129, en abril 102, en mayo 122 y en junio 123.
Estos números permiten calcular una media de 3.86 denuncias diarias, es decir, casi cuatro casos por día en los que ciudadanos acuden a las autoridades a reportar la ocupación indebida de sus bienes o el uso no autorizado de recursos hídricos.
Este promedio es particularmente significativo en un contexto donde los delitos patrimoniales, aunque menos visibles que otros como el robo o la violencia familiar, generan un fuerte impacto en la estabilidad económica y emocional de las víctimas. En muchos casos, los afectados deben emprender largos procesos legales para recuperar lo que les pertenece, sin garantías de éxito y con una respuesta institucional que suele ser lenta.
Delitos de despojo ocupa el lugar número 15
Según la información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el delito de despojo se ubicó durante los primeros seis meses del año en la posición número 15 en la lista de incidencia delictiva estatal. Los tres primeros lugares los ocuparon la violencia familiar, los detenidos por narcomenudeo y la conducta equiparable a la violencia familiar, lo que evidencia que, aunque el despojo no lidera la lista, su impacto es significativo y creciente.
El hecho de que este delito se mantenga en una posición media dentro de la tabla de incidencia no debe ser motivo para minimizarlo, especialmente cuando los datos reflejan una evolución ascendente. En una entidad donde la expansión urbana, los desarrollos inmobiliarios y los conflictos por la tenencia de la tierra están a la orden del día, el riesgo de despojo aumenta proporcionalmente.
Además, expertos señalan que este tipo de delitos suelen estar relacionados con vacíos legales, corrupción administrativa o la falta de regulación clara en torno a los derechos de propiedad, factores que agravan el problema y obstaculizan su resolución.
4 mil casos de delitos de despojos en Nuevo León
Si se toman en cuenta los datos históricos desde octubre de 2021 hasta junio de 2025, se contabilizan 4,944 casos de despojos en Nuevo León. En ese periodo de 45 meses —prácticamente lo que va de la presente administración estatal—, se ha mantenido una media mensual de 109.87 casos.
Desglosado por año, en los últimos tres meses de 2021 se registraron 332 denuncias, en 2022 se acumularon 1,360, en 2023 la cifra fue de 1,318, durante 2024 se reportaron 1,235, y en lo que va del 2025 ya se contabilizan 699. Este ritmo sugiere que, si la tendencia continúa, el año podría cerrar con una cifra superior a la del año anterior al menos que las autoridades hagan algo para disminuir estos delitos que van al alza en Nuevo León.
Estas estadísticas reflejan que el problema no es nuevo ni menor, y que su persistencia durante varios años indica la ausencia de políticas públicas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de delitos. A pesar de las múltiples denuncias, muchas víctimas aseguran que las investigaciones son lentas, que las órdenes de desalojo se ejecutan con dificultad y que no existe una respuesta coordinada entre los niveles de gobierno.
Por otro lado, organizaciones ciudadanas han señalado que en muchos casos los despojos son cometidos por grupos que actúan de forma organizada, aprovechando vacíos legales o la omisión de las autoridades para tomar control de predios urbanos, viviendas abandonadas o terrenos en disputa.
