Diversos colectivos ciudadanos han señalado abuso policial por parte de elementos de Fuerza Civil por presunto uso excesivo de la fuerza durante una manifestación contra el alza al transporte público, ocurrida frente al Palacio de Gobierno en Monterrey. La detención de Luis Castillo Pérez y la falta de información sobre su paradero encendieron alertas sobre la vulneración al derecho a la libre manifestación.
Exigen Explicaciones Por Detención De Manifestante
La protesta del sábado, organizada por el colectivo Voz de los Usuarios, derivó en un enfrentamiento entre ciudadanos y elementos de seguridad estatal. Según los testimonios, la detención de Luis Castillo Pérez, ocurrió a las 18:00 horas frente al Palacio de Gobierno. Sin embargo, sus compañeros denunciaron que durante más de 20 horas no se supo su paradero.
Buscado sin éxito en dependencias como la Policía de Monterrey y Centros de Orientación de la Fiscalía, finalmente fue localizado en el Ministerio Público de San Bernabé a las 14:00 horas del día siguiente. La incertidumbre sobre su localización aumentó la tensión entre los manifestantes.
Por su parte, la corporación de Fuerza Civil emitió un comunicado en el que justificó la detención de Castillo por daños materiales y lesiones a cuatro oficiales. Esta versión fue cuestionada por los activistas, quienes difundieron imágenes de policías con palos y mangueras, presuntamente utilizadas durante la intervención.
Organizaciones Denuncian Abuso De Autoridad
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) calificó la detención de arbitraria y alertó sobre una posible criminalización de la protesta social. A través de un comunicado, enfatizó que se había vulnerado el derecho a manifestarse pacíficamente, lo cual es un pilar fundamental en una sociedad democrática.
Cadhac exigió la presentación inmediata del detenido, así como garantías para su integridad y el respeto al debido proceso. Además, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado investigar y sancionar a los elementos que hayan incurrido en el uso excesivo de la fuerza.
De igual forma, se pidió al Congreso de Nuevo León emitir un posicionamiento firme y, de ser procedente, aplicar sanciones conforme a la ley a los responsables de la represión policial.
Acoso Y Amenazas A Familiares Del Detenido
La situación ha escalado a nuevos niveles de preocupación. La esposa de Luis Castillo, Kelly Torres, denunció que tanto ella como su familia han sido amenazados por personas que dicen representar a Movimiento Ciudadano y al Gobierno estatal. Estas intimidaciones habrían tenido como objetivo evitar futuras protestas contra el alza del transporte.
Las acusaciones no solo refuerzan la narrativa de intimidación institucional, sino que también podrían configurar delitos adicionales como amenazas y coacción, por lo cual se ha solicitado una investigación urgente.
Voz de los Usuarios compartió en redes sociales evidencias de la protesta, incluyendo videos donde se observan elementos de Fuerza Civil portando objetos contundentes. Estas pruebas visuales serán entregadas como parte de las denuncias ante organismos estatales e internacionales.
Llaman A Garantizar Libertades En Nuevo León
Frente a estos hechos, los colectivos reiteraron su demanda de que el Estado garantice la libertad de expresión y manifestación, sin represalias ni actos de violencia. Señalaron que en lugar de atender las causas del descontento, el Gobierno estatal ha optado por reprimir las voces críticas.
La controversia ocurre en un contexto de creciente inconformidad social por el incremento en el costo del transporte público y la falta de acciones eficaces para mejorar el servicio. Activistas advierten que este tipo de episodios solo aumentan la desconfianza en las instituciones.
A medida que los señalamientos crecen, tanto la ciudadanía como las organizaciones de derechos humanos exigen una respuesta clara y transparente por parte del Gobierno estatal y el Congreso local.
¿Qué Sigue Para El Caso De Luis Castillo?
Aún no está claro si Luis Castillo enfrentará un proceso penal formal o si será liberado sin cargos. Mientras tanto, colectivos preparan acciones legales y mediáticas para documentar y denunciar lo que consideran una detención injusta.
También se contempla la presentación del caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el acompañamiento de observadores nacionales para evitar que la situación escale. La exigencia central es clara: que la protesta social no sea criminalizada y que se respeten los derechos humanos en Nuevo León.
