Durante una mesa de diálogo en el Congreso de Nuevo León, el Secretario de Educación estatal, Juan Paura, evitó pronunciarse sobre la controvertida propuesta del Gobierno estatal que busca obligar a todas las escuelas públicas y privadas a implementar un plan de transporte escolar. La ausencia de una postura clara por parte del funcionario ha generado críticas, especialmente entre legisladores, padres de familia y docentes, quienes consideran que el tema debe abordarse de manera transparente y con voluntad de diálogo.
Aunque la reunión fue convocada para discutir aspectos de la nueva Ley de Educación, el silencio del Secretario respecto al transporte escolar, uno de los temas más polémicos del momento, dejó mal sabor entre quienes esperaban claridad y responsabilidad institucional. Paura pidió que las preguntas fueran dirigidas al Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, quien presentó la iniciativa el pasado 21 de julio.
El Gobierno del Estado, una vez más, demuestra su falta de coordinación interna y poca disposición para asumir públicamente las decisiones que afectan directamente a miles de familias y comunidades educativas.
Secretario de Educación elude tema en Congreso
Durante la sesión, Juan Paura fue cuestionado directamente sobre si respaldaba o no la propuesta para hacer obligatorio el transporte escolar. Su respuesta fue evasiva y reiterativa. Aseguró que el tema no estaba en la agenda de ese día y que sería “tratado en otra mesa de trabajo”.
En ningún momento el funcionario expresó una posición clara, ni a favor ni en contra. Tampoco informó si desde la Secretaría de Educación se presentaría una iniciativa propia. La entrevista concluyó abruptamente cuando su equipo de seguridad lo retiró del lugar, pese a que aún se le estaban haciendo preguntas.
El comportamiento del Secretario Juan Paura evidenció una falta de voluntad para asumir responsabilidades o al menos aportar información sobre una propuesta que ha generado molestia entre distintos sectores. Especialmente por los costos y la logística que implicaría su implementación en planteles escolares de distintas condiciones.
Preocupación por transporte escolar obligatorio
La iniciativa impulsada por el Gobierno a través de la Secretaría de Movilidad pretende que todas las escuelas de Nuevo León presenten un plan de transporte escolar obligatorio. Esto ha generado inquietud en diputados locales, asociaciones de padres de familia y personal docente.
La propuesta fue presentada por Hernán Villarreal, titular de Movilidad, y busca que el transporte sea una solución a los problemas de tráfico y contaminación. Sin embargo, no se han especificado mecanismos de financiamiento ni apoyos para las escuelas públicas, lo que ha despertado el temor de que la carga económica recaiga directamente sobre las familias.
Diversos actores sociales han señalado que la imposición del transporte escolar podría representar un nuevo obstáculo, especialmente en comunidades donde no hay condiciones mínimas para operar rutas, ni infraestructura adecuada para el traslado seguro de los estudiantes.
Ciudadanía exige respuestas y educación inclusiva
Además de la discusión sobre el transporte escolar, la sesión en el Congreso abordó la necesidad de fortalecer la educación inclusiva. En particular para las personas con discapacidad auditiva. Representantes de organizaciones civiles hicieron un llamado urgente para que el lenguaje de señas mexicanas se enseñe de manera obligatoria en todas las escuelas.
Los participantes plantearon que el modelo educativo debe adoptar una visión bilingüe, en la que el lenguaje de señas no sea solo una herramienta opcional, sino el eje central para garantizar el derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes sordos.
También solicitaron la capacitación del personal docente, así como la creación de materiales accesibles. La educación inclusiva, recalcaron, no puede seguir siendo un discurso vacío mientras no se implementan cambios reales en las aulas. Este reclamo, como el del transporte, pone en evidencia una falta de visión integral en las políticas públicas del Gobierno estatal.
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