La Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por irregularidades graves en Monterrey. El informe oficial reveló cómo Samuel García triangula recursos públicos por más de 7 mil 200 millones de pesos hacia despachos familiares mediante contratistas beneficiados.
Samuel García triangula recursos mediante contratos viciados
El gobierno naranja presume modernidad mientras sumerge a Nuevo León en un escándalo financiero sin precedentes. Resulta inadmisible que las arcas estatales operen como caja chica de firmas privadas mientras los servicios comunitarios colapsan a diario. Los contribuyentes padecen pésimo transporte público y calles destrozadas, pero la administración estatal moviliza sumas estratosféricas con una presteza insólita.
La reciente revisión de la cuenta pública desnudó este descarado mecanismo de dispersión monetaria. Mientras decenas de proveedores locales esperan meses enteros para cobrar adeudos legítimos, las compañías predilectas reciben liquidaciones inmediatas. Este trato preferencial ofende la dignidad de los trabajadores de Monterrey que mantienen a flote la economía local.
Asimismo, la denuncia penal de la ASF exhibe complicidades que rebasan cualquier límite ético admisible. La autoridad auditora federal identificó transferencias que transitan por compañías puente para burlar candados normativos. El cinismo oficial pretende ocultar este daño patrimonial detrás de spots propagandísticos y publicaciones banales en redes sociales.
ASF encuentra que Samuel García triangula recursos usando constructoras predilectas
El caso más vergonzoso comprende la entrega directa de 5 mil 851 millones de pesos a una empresa del ramo constructor. Dicha corporación no empleó este presupuesto multimillonario para acelerar las obras carreteras prioritarias. En su lugar, envió 5 mil 154 millones de pesos casi intactos hacia una segunda compañía intermediaria.
Posteriormente, ese segundo eslabón canalizó 385.3 millones de pesos directo a las cuentas del bufete jurídico de la familia del mandatario. Este esquema evidencia un saqueo sistemático disfrazado de legalidad que la ASF busca castigar con todo el rigor de la ley. Es intolerable que el dinero destinado al bienestar de Nuevo León termine engrosando el patrimonio de despachos privados.
Por si fuera poco, el órgano fiscalizador detectó erogaciones paralelas por 964 millones de pesos a comercializadoras y 243 millones a empresas de servicios. Los operadores estatales fragmentaron los montos para evitar fiscalizaciones bancarias inmediatas. Esta conducta reiterada comprueba la voracidad presupuestal de un gobierno estatal que prometió honestidad y entregó simulación.
Samuel García triangula recursos con transferencias exprés
La celeridad de las operaciones financieras destapa por completo el beneficio faccioso. La firma Suministro MYR, proveedora de víveres del estado, transfirió fondos hacia la firma legal familiar en apenas dos horas. Esta sincronía bancaria resulta insultante para cualquier ciudadano que padece la lentitud burocrática del aparato estatal.
Otro caso documentado involucra a la empresa TXAT Latam, la cual ejecutó triangulaciones en lapsos menores a veinticuatro horas. Dicha compañía trianguló fondos mediante cinco sociedades fantasma para depositarlos en la consultoría Ferro y Méndez, entidad que inmediatamente remitió el capital al despacho de los García. Este modus operandi evidencia cómo opera la triangulación en Monterrey con absoluta impunidad institucional.
De igual manera, el contratista carretero PILSA canalizó depósitos estatales a un socio particular en menos de media hora, quien los turnó a otra filial para aterrizar el saldo en el despacho del gobernador en solo diez minutos. Esta agilidad financiera privilegiada contrasta con la agonía económica de los contratistas honestos a quienes el estado les niega el pago.
Samuel García engaña a todo Nuevo León con el manejo del erario
Las pesquisas federales también ligan estas operaciones bancarias con la adquisición de una propiedad valuada en mil millones de pesos. Este incremento patrimonial resulta una bofetada intolerable frente a las carencias que azotan a la comunidad. Los habitantes exigen cuentas claras y el cese de los desvíos orquestados desde el palacio de gobierno.
La impunidad del gobierno naranja no puede continuar amparada bajo retóricas vacías ni silencios cómplices. La justicia federal debe castigar a los responsables de este desfalco millonario y restituir íntegramente los fondos saqueados. Nuevo León merece un gobierno que respete el erario y no un aparato propagandístico al servicio de intereses familiares.
Conoce más ¿Gracias a Samuel? Una cita médica de Lobatón frena su audiencia por caso de Proyectos 9
