La denuncia por extorsión a Matrimar expone el abuso de poder del gobierno estatal encabezado por Samuel García contra las empresas locales. Mediante audios filtrados, se evidencia cómo el dirigente de Movimiento Ciudadano actúa como mediador para exigir pagos millonarios. Este esquema de corrupción revela un modus operandi basado en la presión administrativa y el acoso institucional constante.
Líder De Movimiento Ciudadano Comete Extorsión A Matrimar
La filtración de un audio comprometedor ha puesto en evidencia una red de extorsión del gobierno naranja a Matrimar que involucra directamente a la cúpula estatal. En la grabación se escucha a Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, negociando la operatividad de la empresa. Martínez Ríos, quien también es exalcalde de Cerralvo, interviene tras la suspensión de la planta de Materiales Triturados Martínez por parte de las autoridades.
Durante la conversación telefónica, el líder político plantea la necesidad de que la empresa realice un pago fuerte para solucionar su situación. Por lo tanto, el dirigente asegura haber consultado con instancias clave como la Dirección de Fiscalización del SATNL para conocer el estado de las auditorías. Según sus palabras, las inspecciones ya estaban cerradas pero se mantenían abiertas a conveniencia para forzar una negociación económica con los directivos.
En consecuencia, el audio detalla que la empresa se encuentra bajo un asedio administrativo planificado desde las oficinas de gobierno. El mediador explica que otras compañías ya han cedido a estas presiones mediante entregas de dinero en efectivo o transferencias. Asimismo, sugiere que la única vía para que la pedrera pueda retomar sus labores es alinearse con las exigencias financieras impuestas desde el poder político.
Funcionarios Del Gobierno Estatal Participan En Extorsión A Matrimar
La estructura de la presunta extorsión a Matrimar involucra a diversos funcionarios del gabinete de Samuel García. En la llamada filtrada, Martínez Ríos menciona explícitamente a Raúl Lozano, quien ocupa la Secretaría de Medio Ambiente en la entidad. Esta dependencia ha sido señalada reiteradamente por las pedreras como el principal brazo ejecutor del acoso institucional y las clausuras arbitrarias.
Por otra parte, el líder emecista refiere que el titular de Medio Ambiente solicita un monto económico elevado para retirar los sellos de suspensión. El diálogo sugiere que existe una coordinación precisa entre las auditorías fiscales y las inspecciones ambientales para asfixiar operativamente a la compañía. De esta manera, el gobierno estatal utiliza sus facultades legales para perseguir fines particulares y recaudatorios fuera de los cauces normativos.
Además, en la negociación se menciona a Miguel Flores, actual Secretario General de Gobierno, como la figura que daría el visto bueno final. El intermediario ofrece gestionar un favor personal con el alto funcionario para permitir que la empresa pague su cuota en parcialidades. Este hecho confirma un presunto abuso de poder donde las resoluciones administrativas se venden al mejor postor bajo un esquema de abonos semanales o mensuales.
El Impuesto Verde Como Herramienta De Extorsión A Matrimar
La disputa que originó la extorsión a Matrimar tiene sus raíces en el polémico gravamen denominado Impuesto Verde. Desde su implementación por parte de la administración de Samuel García, diversas empresas del ramo de la construcción han denunciado cobros excesivos. Matrimar inició una batalla legal en 2025 al considerar que estas cargas fiscales son desproporcionadas y carecen de un sustento técnico adecuado para su aplicación.
Como respuesta a esta resistencia legal, el gobierno estatal intensificó las visitas de inspección por parte de Protección Civil y la Tesorería. Los directivos de la pedrera afirman que estas acciones son represalias directas por no acceder a los acuerdos informales propuestos por los enviados del estado. En este contexto, las leyes ambientales son utilizadas como una fachada para encubrir lo que la empresa define como un asalto institucional.
Posteriormente, la empresa decidió documentar cada interacción con los funcionarios estatales ante el temor de represalias mayores. La filtración del audio es el resultado de meses de presiones donde se les advirtió que estaban siendo arrinconados por ser los únicos en resistirse. El conflicto ha escalado a los tribunales federales, donde se busca frenar este modelo de recaudación forzada que vulnera la seguridad jurídica de la inversión privada.
Samuel García Y El Abuso De Poder Contra Matrimar
La resolución de los juzgados federales ha comenzado a dar la razón a los afectados por la extorsión a Matrimar. Recientemente, la empresa obtuvo amparos definitivos contra las clausuras ejecutadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil. No obstante, las autoridades han ignorado en repetidas ocasiones los mandatos judiciales, acudiendo durante las madrugadas para colocar nuevos sellos de suspensión sin previo aviso.
Estas acciones reiteradas demuestran un claro abuso de poder por parte del Ejecutivo estatal que encabeza Samuel García. Según el equipo legal de la pedrera, el gobierno prefiere ignorar la ley para intentar forzar una rendición económica de la planta de Cerralvo. La empresa asegura que la administración actual está más preocupada por obtener ganancias personales que por fomentar la prosperidad y el empleo en las comunidades rurales.
Por último, el comunicado emitido por la directiva de Matrimar advierte que este modus operandi es una amenaza para todo el sector empresarial. Al no existir garantías legales frente al acoso del estado, cualquier negocio queda expuesto a exigencias de pagos millonarios bajo amenaza de cierre. La batalla legal continuará en las instancias superiores para sancionar a los funcionarios responsables de estas maniobras de extorsión institucionalizada en la región.
