El caso de Ángel Moreno se convirtió en uno de los episodios más cuestionados del sistema de protección infantil en Nuevo León. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos por fin confirmó violaciones graves en el DIF estatal, tras la muerte del adolescente dentro del Albergue Fabriles y el traslado irregular de otro menor sin orden judicial. La resolución evidenció omisiones del gobierno de Samuel García, contradicciones oficiales y una respuesta institucional tardía.

Ángel Moreno: Muerte Bajo Custodia Que Abrió Dudas Desde El Inicio
Ángel Manuel, de 14 años, murió el 9 de febrero de 2022 al interior del Albergue Fabriles del DIF estatal. Desde los primeros días, el caso estuvo rodeado de hermetismo. La información oficial fue escasa y la causa del fallecimiento generó dudas.
No fue sino hasta el 18 de febrero cuando el gobierno estatal informó públicamente sobre la muerte. La versión difundida señaló un choque séptico de origen abdominal, derivado de problemas estomacales. Para entonces, ya habían transcurrido nueve días desde el deceso.
La tardanza en comunicar el hecho generó cuestionamientos de la ciudadanía. Organismos civiles y actores políticos exigieron claridad sobre lo ocurrido dentro de una institución encargada del cuidado de menores.
Investigación Tardía Y Primeras Posturas Oficiales
Aunque el fallecimiento se informó días después, la Fiscalía General de Justicia aseguró que abrió una investigación desde el 11 de febrero. Sin embargo, esa indagatoria avanzó en medio de declaraciones que descartaban violencia.
El 20 de febrero, el gobernador Samuel García afirmó que su administración colaboraba con la investigación. También señaló que no existían indicios de agresión, pese a las versiones que comenzaban a circular.
Esa postura contrastó con los testimonios que posteriormente recabarían organismos de derechos humanos, los cuales apuntaron a que Ángel había recibido golpes dentro del albergue.
El Caso Llega Al Congreso Y A Instancias Nacionales
El 22 de febrero, el Congreso local creó una Comisión Especial Investigadora. Su objetivo fue revisar a fondo la muerte de Ángel Moreno y las condiciones en que operaba el Albergue Fabriles.
Meses después, el 30 de abril, el DIF nacional realizó una inspección en las instalaciones. No se difundieron detalles públicos sobre los hallazgos de esa visita, lo que mantuvo la incertidumbre en torno al caso.
Para ese momento, el tema ya había escalado más allá del ámbito local y se encontraba bajo la lupa de instancias nacionales.
Señalamientos De Silencio Y Cuidado De La Imagen
El 5 de junio declararon que el gobernador Samuel García habría pedido en una reunión privada que no se hablara del caso. Según su versión, el objetivo era evitar afectaciones a la imagen de Mariana Rodríguez, figura visible del DIF estatal.
Estas declaraciones reforzaron la percepción de que existía un intento por parte de Samuel García de controlar la narrativa pública del caso y no dañar la imagen de la titular del DIF estatal. El señalamiento no fue desmentido de manera directa.
El manejo de la comunicación institucional se volvió un eje central del debate público respecto a las omisiones del gobierno estatal.
Salida Del Director Del DIF En Medio De La Polémica
El 14 de junio de 2022, en plena controversia, Miguel Ángel Sánchez dejó la dirección general del DIF estatal. En su lugar fue designada Gloria Ivette Bazán Villarreal como encargada del despacho.
Sánchez fue posteriormente acusado por la Fiscalía por la muerte de Ángel Moreno. No obstante, promovió un amparo y no fue vinculado a proceso. Años después, fue nombrado delegado nacional de su partido en Nuevo León.
La salida del funcionario no cerró el caso. Por el contrario, amplificó las exigencias de justicia.

CNDH Confirma Violaciones Graves En El Caso Fabriles
Tras un recurso de impugnación presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CNDH revisó el expediente completo. Su conclusión fue contundente.
El organismo nacional confirmó violaciones graves a derechos humanos en dos casos vinculados al DIF Fabriles. El primero, la muerte de Ángel Moreno bajo custodia estatal. El segundo, el traslado de otro menor a un supuesto centro de rehabilitación en Veracruz sin consentimiento familiar ni orden judicial.
La CNDH acreditó que no se dio aviso al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control en un caso de muerte bajo custodia. También señaló el uso indebido de la fuerza y la falta de procedimientos legales básicos.
Comunicación Oficial Estatal Y Narrativa De La Peritonitis
Durante los días posteriores a la muerte del menor, la versión de peritonitis fue sostenida desde la estructura de comunicación del gobierno estatal. En ese momento, Glen Zambrano ocupaba la Secretaría de Comunicación.
La CNDH documentó que esa explicación no coincidía con los testimonios recabados durante la investigación. Esta discrepancia alimentó la percepción de encubrimiento institucional.
El contraste entre el discurso público y los hallazgos oficiales se volvió uno de los elementos más cuestionados del caso y dejan a población pensando cuántos casos más de procedimientos ilegales habrá hecho el gobierno estatal con los niños de Nuevo León.
Una Recomendación Que Exige Reparación Y Responsabilidad
La Recomendación 148/2025 otorgó al DIF estatal un plazo de 15 días para aceptarla y cumplirla en su totalidad. También ordenó colaborar con investigaciones administrativas y emitir lineamientos internos.
Para la CNDH, el caso Ángel Moreno evidenció una falla estructural del sistema de protección infantil. La resolución busca abrir la puerta a la verdad y a la reparación del daño.
A más de tres años de los hechos, el caso Fabriles sigue siendo un referente de las deudas institucionales con la niñez en Nuevo León, pese a que en tiempos de campaña presumieron el cuidado a la niñez como uno de sus principales fines. Tal parece que al gobierno naranja no le importan las vidas de los niños, solamente sus campañas políticas en redes sociales a nivel nacional.








